Debido a los efectos de la pandemia por covid-19, entre 21 mil y 30 mil niñas, niños y adolescentes podrían sumarse a las filas del trabajo infantil, señaló en la presentación del estudioInfancia con derechos. Trabajo infantil y Trabajo infantil forzoso en México, Marisela Reyes Salazar, enlace regional de laRed por los Derechos de la Infancia en México.
Durante la contingencia sanitaria, se ha vuelto más visible el trabajo de niñas y adolescentes en actividades del hogar, dijo la especialista, razón por la cual sugirió que se planteara una propuesta de reforma con perspectiva de género. Asimismo, recalcó que el ingreso que obtienen las familias del trabajo infantil, no contribuye al disminuir su pobreza.
Sandra Mejía Martínez, coautora del estudio, propuso que la restitución de derechos fuera diferenciada conforme a la edad, ya que deben tener tratamientos distintos para garantizar el interés superior del niño, esto refiriéndose a lo que se plantea en el Convenio 182 de la OIT, que prohíbe las peores condiciones del trabajo infantil, y el 188, el cual establece la edad mínima para que los menores puedan trabajar.
La investigación contiene 15 recomendaciones con relación a aquellas actividades que deben ser prohibidas y reguladas. Refirió que las procuradurías juegan un papel fundamental en la restitución de derechos no sólo a las niñas, niños y adolescentes, sino a toda la familia.
El estudio surgió de lo que se aborda respecto al trabajo infantil en el T-MEC, comentó Inés González, coordinadora de Diálogo Sindical y de Género de laFundación Ebert, quien además reconoció el papel de la organización civil y de las instituciones para erradicar este problema.
Por su parte, Nancy Ramírez Hernández, Directora de Incidencia Política de Save the Children México, subrayó que la falta de espacios educativos y de oportunidades, obliga a las niñas, niños y adolescentes a incorporarse al mercado laboral, por lo que se deben atender las causas que originan el problema, ya que las tareas infantiles no deben impedir el desarrollo de la niñez.
Enfatizó que en México no existe una política de prevención y atención al trabajo infantil, por lo que debe construirse un sistema en el que concurran tanto el sector privado como el social, así como garantizar a las familias empleo y seguridad social, a fin de evitar que más niñas y niños trabajen.
En su intervención, la diputada Rosalba Valencia Cruz, presidenta de laComisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Diputados, apoyó lo propuesto por Marisela Reyes en cuanto al tema de género y añadió que el problema debe abordarse también desde una perspectiva interseccional de derechos humanos; poner atención en la universalidad laboral, disminuir la deserción escolar y mejorar la calidad e ingresos de los adultos.
De acuerdo con el Coneval, la población infantil que trabaja tiene el mayor índice de pobreza, pero con la pandemia se espera que ese índice aumente en México, sostuvo Alejandro López, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)
En el censo 2020 se incorporó un indicador para la población en condiciones de calle, lo que permitirá localizar a los niños, niñas y adolescentes que comúnmente trabajan en actividades informales, forzadas y peligrosas que dañan su integridad, para así generar políticas de atención, remarcó.
