Zacatecas, 7 de enero. – En sesión ordinaria de Pleno, los Comisionados Samuel Montoya Álvarez y Fabiola Torres Rodríguez aprobaron la imposición de medidas de apremio a quienes resulten responsables por el incumplimiento de los municipios de Apulco y Momax en la publicación de sus obligaciones de transparencia referentes a información financiera en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Lo anterior como resultado de la verificación vinculante realizada en el pasado 2020 por el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) a los ayuntamientos del estado.
El Comisionado Presidente Samuel Montoya Álvarez explicó que en el caso del Ayuntamiento de Apulco, se alcanzó únicamente un 68.69% de la información financiera que por Ley le corresponde publicar a los municipios. “Aunado a que no se solventaron las observaciones hechas por el Instituto, Apulco es un ayuntamiento reincidente, lo cual aumenta la medida de apremio conforme al artículo 190 de la Ley local de Transparencia” señaló.
Por lo anterior, el servidor público que resulte responsable por el incumplimiento en la carga de información pública, deberá cubrir el equivalente a 250 veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir, 21 mil 720 pesos.
Respecto al Ayuntamiento de Momax, la Comisionada Fabiola Torres Rodríguez afirmó que el IZAI notificó en diferentes ocasiones advirtiendo la falta de información que podría derivar en una multa, sin embargo, el municipio fue omiso.
“El interés del IZAI es prevenir para garantizar que la información esté publicada y al alcance de los ciudadanos, sin embargo en casos de incumplimiento como el de Momax, que cubrió solamente un 83.03% de sus obligaciones, se hizo acreedor a la medida de apremio” indicó.
Agregó que el funcionario que haya incumplido con transparentar dicha información, deberá cubrir una multa equivalente a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir, 13 mil 32 pesos.
De acuerdo con la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas, en su artículo 190, las medidas de apremio van desde 150 a 1500 veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir, desde 12 mil 32, hasta 130 mil 320 pesos, según el rango de incumplimiento, reincidencia y otros factores determinados durante la investigación.
Los Comisionados reiteraron que el fin del organismo garante no es recaudatorio, pues las multas, una vez que han sido notificadas, se convierten en créditos fiscales que deberán ser cubiertos por los responsables en la Secretaría de Finanzas del Estado. Por otra parte, la medida de apremio no exime de la obligación que tienen las instituciones de cargar la información faltante, a fin de que la ciudadanía pueda consultarla en la Plataforma Nacional de Transparencia.
