Por: Dra. Norma Julieta Del Rio Venegas
Comisioanda del INAI
El derecho a la información, consagrado en el artículo sexto de la Constitución mexicana, se ha convertido en una herramienta indispensable para remover inercias y poner ojo a la opacidad gubernamental, pero al mismo tiempo nos obliga a repensar a cada momento si la frontera entre la esfera pública y la privada son verdaderamente claras.
Si bien, en algunos ámbitos la diferencia es visible, en el caso de asuntos gubernamentales pueden existir a veces discusiones sobre los límites entre lo público y lo privado. Pensemos, por ejemplo, en los datos personales. La ley en la materia, define los datos personales como toda la información relativa a una persona física que puede identificarla de manera directa o indirecta.
Nuestro domicilio particular, el correo electrónico personal, el número de seguridad social o la CURP contienen información sobre nosotros que puede llegar a identificarnos. Con su correcto uso y gestión, los datos personales nos abren las puertas para acceder a ciertos servicios e identificarnos. En caso contrario, estos mismos datos podrían traernos problemas como fraudes, suplantación de identidad o recibir correo basura, por mencionar solo algunos ejemplos.
Sin embargo, dentro del amplio espectro de los datos personales existe un grupo que demanda mayor atención y cuidado. Es nuestra esfera más íntima: posturas políticas, preferencia sexual o el estado de salud, entre otras. Aunque per se, nuestro estado de salud no debería ocasionarnos mayores complicaciones, su divulgación y los prejuicios de terceros podrían ocasionarnos problemas. Por ejemplo, si se revela el estado de salud de una persona podría llegar a perder su empleo por causas externas a su trabajo: intolerancia, racismo, discriminación, etcétera. Es por esto, que los marcos normativos en la materia consideran los datos personales como información privada y sólo su titular tiene derecho sobre la misma.
En los últimos meses, el avance de la pandemia ocasionada por la Covid-19 ha puesto sobre la mesa de discusión acerca de si el estado de salud debe o no ser considerado como un dato sensible siempre y en cualquier relación. El contexto sanitario a nivel planetario provocado por el nuevo coronavirus no es lo mismo que el contexto individual de una persona que acude a los servicios de salud porque padece un resfriado.
Por un lado, tenemos a un amplio grupo de servidores públicos de todos los niveles de gobierno que, por propia voluntad, revelaron datos relacionados con pruebas para coronavirus. Pero ¿es una conducta que de manera obligada deban seguir las autoridades? La ley vigente, establece que el estado de salud de cualquier persona es un dato confidencial y no distingue entre servidores públicos y la sociedad civil, aunque no deja de ser una práctica de transparencia proactiva, cuando deciden informar sobre el particular, sobre todo, si ello puede interferir en sus obligaciones.
El sociólogo Fernando Escalante, en El Derecho a la Privacidad, nos recuerda que “privado no quiere decir secreto; ni público significa abierto de modo inmediato e indiscriminado”. En el INAI así lo entendemos porque en cada recurso, analizamos los argumentos para resolver cuando el interés público es mayor al interés particular.
La discusión no está agotada, y en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lo sabemos. Esto demuestra la importancia de organismos colegiados y conformados por una pluralidad de ideas, interpretaciones y argumentos que nos permiten debatir, disentir, pero también buscar coincidencia y llegar a determinaciones por mayoría. Ha sucedido en otros asuntos y hoy no es la excepción. Ningún derecho es absoluto, la ponderación está presente en muchos casos.
El comportamiento social derivado de la pandemia, el surgimiento de nuevas cepas, el avance en la estrategia nacional de vacunación o la actuación de las autoridades nos obligan a reflexionar sobre los efectos de la crisis sanitaria en materia de acceso a la información y la protección de los datos personales. La crisis sanitaria abrió nuevos frentes en las libertades informativas y un campo inexplorado producto de la digitalización de la vida de los seres humanos. Es una circunstancia especial que sin duda enriquecerá el debate entre lo público y lo privado.
@JulietDelrio
