El confinamiento ocasionado por la pandemia hará que el proceso electoral 2021
se desarrolle principalmente en el terreno digital, una esfera proclive a la violencia
de género y a la vulneración de datos personales, por lo que hoy más que nunca
es urgente la necesidad de conocer las herramientas para protegerlos, aseguró
Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En la conferencia magistral “La protección de datos personales de las mujeres
para evitar la violencia política”, Del Río Venegas aseguró que, a pesar de la
existencia de instrumentos internacionales para combatir la discriminación, el
pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, que
representan el 48% del padrón electoral, no está plenamente garantizado.
De acuerdo con la encuesta intercensal elaborada por el INEGI en 2015, las
mujeres no tienen total autonomía para realizar sus actividades sociales y
políticas. Los resultados mostraron que 21% de ellas piden permiso a su pareja o
algún familiar, para participar en actividades comunitarias y casi 8% no tiene
autonomía para decidir por quién votar. La cifra se eleva a 15.8% de mujeres que
hablan una lengua indígena y piden permiso para decidir por quién votar.
Además, las mujeres que participan en la esfera política, sea como aspirantes a
un puesto de elección popular o como servidoras públicas, son más proclives a ser
víctimas de violencia política por razones de género.
“La información falsa está a la orden del día en los medios digitales y su forma de
propagación es alta; reproducir información falsa o filtrar datos sensibles de las
aspirantes vulnera la esfera privada, algo que parece tener mayor mercado
cuando se trata de mujeres porque la denigra de diferentes formas, por ejemplo,
haciéndole parecer que no es inteligente para un cargo público, que no tiene el
tiempo suficiente para estar con su familia o que no sabe hacer nada que no sea
hacer labores en casa”, dijo durante su participación en el foro virtual “La
protección de datos personales de las mujeres que participan por cargos de
elección popular durante el proceso electoral 2021 en el Estado de México”, como
parte de las actividades realizadas en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.
Un ejemplo claro, expuso, ocurrió durante el proceso electoral de 2019, cuando un
grupo de personas en Isla Mujeres repartió volantes en los que se ofrecían
servicios sexuales con el número telefónico de una precandidata. Por esta acción,
el Tribunal Electoral sancionó a un servidor público y a dos de sus familiares.
El funcionario fue sancionado con una multa de 5 mil 322 pesos, además de que
fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de
Violencia Política, uno de los instrumentos que se crearon a raíz de la reforma a la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que
permanecerá hasta el 23 de enero de 2025.
El registro, elaborado por el Instituto Nacional Electoral, compila, sistematiza y
hace pública la información relativa a ciudadanos que fueron sancionados por
conductas que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de
género, mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las
autoridades.
Explicó que, de acuerdo con información actualizada al 4 de marzo de este año,
hay 20 personas sancionadas por violencia política por razones de género, de las
que 16 son hombres. Las agresiones ocurrieron en Campeche (5); Quintana Roo
(4); Veracruz (4); Yucatán (4); Hidalgo (1); Oaxaca (1); Querétaro (1); Sonora (1) y
Tabasco (1). En cinco casos, los agresores son servidores públicos y en otros
cinco tienen un cargo de elección popular.
Los medios de comunicación, dijo, juegan un papel fundamental, para propagar o
extinguir este tipo de violencia, con el tratamiento de los datos personales y el
enfoque empleado al momento de presentar a la ciudadanía sobre la vida privada
de las candidatas, información que nada tiene que ver con su participación en el
proceso electoral.
La comisionada aseguró que La “Ley Olimpia”, que tipifica y sanciona la violencia
digital, es otro instrumento para combatir las campañas negras por razones de
género contra las mujeres en época electoral. La ley Olimpia ya es una realidad en
25 estados del país.
La comisionada, responsable de la Dirección General de Promoción y Vinculación
con la Sociedad, se pronunció por realizar un trabajo permanente y coordinado
con la sociedad civil organizada, instituciones y gobiernos para promover la
promoción de los derechos políticos electorales de las mujeres y la protección de
datos personales.
En la inauguración del evento participaron Zulema Martínez Sánchez, comisionada
presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem),
Daniela Durán Ceja, consejera presidenta provisional del Instituto Electoral del
Estado de México (IEEM), e Isabel Sánchez Holguín, titular de la Secretaría de las
Mujeres del Estado de México.
