Sin notificar a CIDH, Estado mexicano retiró medidas de protección a testigo que declaró contra Abarca

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Sin dar espacio a discusión, y en forma unilateral, el gobierno de Enrique Peña Nieto retiró las medidas de protección que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de un testigo que rindió su declaración en el proceso por homicidio que se sigue contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien se encuentra preso por ser uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Este hecho fue denunciado por Magdalena López Paulino, representante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDIAC), quien dijo que sin notificar a la CIDH, “el Estado mexicano retiró todas las medidas de protección para Nicolás Mendoza Villa, quien fue testigo presencial del homicidio de Arturo Hernández Cardona” en junio de 2013 y del que responsabiliza a Abarca Velázquez.

Fue el 1 de diciembre de 2014, cuando la CIDH libró las medidas cautelares MC185/13 a favor de Mendoza Villa, así como de la viuda de Hernández Cardona, Lorena Mendoza Velázquez, y su hija Soledad Hernández Mena.

Hernández Cardona, exdirigente del PRD en Guerrero y líder social de Iguala,  fue secuestrado junto con otros miembros de Unidad Popular (UP) el 30 de mayo de 2013, y fue localizado el 3 de junio, ejecutado por arma de fuego, junto con Félix Bandera Román y Ángel  Román Ramírez.

En tanto, Mendoza Villa, quien se desempeñaba como chofer del dirigente social, logró escapar del secuestro y declaró ante la Procuraduría General de Justicia de Guerrero que antes de huir vio cómo el ex alcalde ejecutó a Cardona a quemarropa.

Aún con esa acusación y los señalamientos de la presunta colusión de Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, con el crimen organizado, no hubo ningún tipo de investigación que llevara a la detención de los políticos, y fue hasta la desaparición de los normalistas, el 26 y 27 de septiembre de 2014, que se les detuvo por señalarlos como presuntos culpables.

Ahí fue cuando, la CIDH instruyó al Estado mexicano a proteger a Villa y copeticionarios al confirmar que “los derechos a la vida e integridad de estas personas están en riesgo debido a la denuncia presentada por la presunta desaparición y posterior ejecución” del líder social.

Dichas medidas de protección, según la representante de RSDIAC, se otorgaron en respuesta a la resolución de la CIDH, pero han sido retiradas “de forma unilateral”, luego de que Mendoza Villa acusó que los guardias de seguridad que le asignaron “se habían presentado con él en estado de ebriedad, y que la agente Margarita Ramírez lo amenazó y tomó fotos a sus hijos”.

López Paulino narró que el 4 de junio pasado dichos guardias, que habían sido removidos, “fueron vistos por la familia rondando la vivienda del testigo, por lo que el 6 de junio la RSDIAC solicitó una reunión urgente con el responsable de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Ricardo Sánchez del Pozo, para hablar del estado de vulnerabilidad en que estaba Nicolás y su familia”

En ese encuentro, dijo, “se le presionó mucho a Nicolás, hasta que él dijo que le retiraran las escoltas, que dejaron de darle seguridad un mes después, pero no aceptó que se le retiraran otras medidas de protección”.

El 15 de agosto, Mendoza Villa recibió una llamada de Beatriz Mora, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para anunciarle que pasaría a su domicilio para retirarle los botones de pánico que le habían proporcionado para estar en contacto con autoridades en caso de emergencia.

Por lo que se le colocó en una situación de riesgo, y Mendoza Villa tuvo que buscar un nuevo refugio por el temor a ser privado de la vida, “ya que desde su denuncia ha sido constantemente acosado y perseguido”, agregó López Paulino. Quien dijo que “mientras el testigo clave contra Abarca anda a salto de mata, la investigación por desaparición forzada y desaparición de Arturo Hernández, atraída por la Procuraduría General de la República (PGR), está detenida”.

“José Luis Abarca tramitó un amparo ante el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con número 409/2015,  para no responder a la acusación por el homicidio de Hernández Cardona, pero fue sobreseído el 4 de agosto, y su defensa interpuso un recurso de revisión el miércoles 24, por lo que se está en espera de que el juzgado responda”, añadió.

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