Parlamento Europeo pide a EPN investigación exhaustiva e imparcial por espionaje contra activistas, periodistas y GIEI

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Más de veinte integrantes del parlamento Europeo, del Bundestag alemán y del Congreso de los Diputados en España dieron a conocer una carta de la Oficina ecuménica por la paz y la justicia de Múnich, Alemania, donde se solicita una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias por espionaje a activistas, periodistas, personas defensoras e integrantes del GIEI.

En la misiva se expresa la especial gravedad del espionaje del que fueron objeto los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ya que incluso gozaban de inmunidad diplomática durante su estancia en el país y por la importancia de su misión para coadyuvar en las investigaciones del caso Ayotzinapa, señalan.

Según expresó Daniel Tapia Montejo, experto para México de esta Oficina, “la rapidez con que se recolectaron las firmas -aún en periodo de receso parlamentario- es una muestra de la gravedad del problema y del compromiso de los y las firmantes en apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho en México”.

“Sin una investigación independiente del caso, siempre quedará la desconfianza en los resultados de la misma, pues el Estado se estaría investigando a sí mismo” expresó el activista, quien agregó, “esperamos que las autoridades mexicanas reconozcan que aceptar ayuda internacional en este caso no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza, en particular para enfrentar un problema tan grave como las denuncias por espionaje”.

La carta, dirigida a Enrique Peña Nieto, a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y a Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República, expresa profunda preocupación por las revelaciones dadas a conocer en las últimas semanas acerca de los casos de espionaje contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas.

Pero hace hincapié en los actos de espionaje contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y su Secretario Técnico, lo cual, indican, “agrava aún más la situación, ya que se trata de espionaje a personas invitadas por el gobierno mexicano y enviadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para coadyuvar en la investigación de uno de los casos que más han conmocionado al país y al mundo por su gravedad, como fue la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.

Además, subrayan que a casi 32 meses de la desaparición de los estudiantes, el caso Ayotzinapa sigue sin ser resuelto y en dicho contexto, el intento de espionaje contra el GIEI representa una clara interferencia con la misión del Grupo, que fue el esclarecimiento del caso, la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y la atención a los familiares.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, la intervención de los celulares de las personas afectadas se realizó mediante la utilización del malware Pegasus producido por la compañía NSO, que según la propia empresa sólo se vende a gobiernos e instituciones gubernamentales y únicamente para realizar labores de inteligencia contra el crimen organizado, el terrorismo y ataques a la seguridad nacional.

Las leyes mexicanas por su parte, sólo permiten que se intervengan teléfonos con la autorización de un juez federal. Pero no hay información que haya habido autorizaciones de algún juez federal para intervenir los teléfonos citados en el informe.

Es público que al menos las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, así como la PGR, han comprado el referido malware. Siendo la PGR la encargada de investigar, es preciso conducir una investigación imparcial y profunda de los hechos, con plena transparencia. En otras palabras una investigación interna implicaría investigarse a sí mismo, señalan.

“Es particularmente alarmante el caso del espionaje contra el GIEI ya que sus integrantes gozaban de inmunidad diplomática durante sus dos períodos de mandato en México y, según el propio acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano, había quedado estipulada la inviolabilidad de sus documentos y su correspondencia”.

Adicionalmente, los firmantes expresaron su apoyo al reclamo de James Cavallaro, Comisionado de la CIDH cuando dice que “el caso –suponiendo la veracidad de estas afirmaciones– es suficientemente serio como para justificar la creación de una comisión internacional”, pues es difícil que el resultado de una investigación realizada por el mismo gobierno tenga la credibilidad necesaria para disipar las enormes dudas que justificadamente han surgido, en particular considerando la alta tasa de impunidad que impera en México.

“Exhortamos al gobierno mexicano a dar los pasos necesarios, lo más pronto posible, para crear dicha comisión internacional, bajo el entendido que la apertura a la asistencia técnica internacional no es una señal de debilidad, sino de voluntad para generar un cambio positivo y fortalecer el Estado de Derecho”, puntualiza la misiva.

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