Libertad de información en riesgo por interceptaciones estadounidenses

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(30 de julio, 2014).- Human Rights Watch (HRW) y la Asociación Nacional Para la Defensa de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), en un informe conjunto, señalaron que lasinterceptaciones a gran escala que realiza el gobierno de Estados Unidos, obstaculizan delicadamente el trabajo de periodistas y abogados  en ese país.

Para estos dos organismos, la intervención a las comunicaciones realizadas, socaban la libertad de los medios de comunicación y el derecho a la asistencia letrada y, por consecuencia, impiden que el pueblo estadounidense obtenga la información necesaria para hacer que el gobierno rinda cuentas de su actuar.

El informe denominado With liberty to Monitor All: How Large-Scale US Surveillance is Harming Journalism, Law, and American Democracy (Con libertad para vigilar a todos: Cómo las interceptaciones masivas en EE. UU. repercuten negativamente en el ejercicio del periodismo y el derecho y socavan la democracia estadounidense), compuesto por 120 páginas, fue elaborado a partir de entrevistas a periodistas, abogados y altos funcionarios estadounidenses.

La investigación documenta cómo los periodistas y abogados  que trabajan temas de seguridad nacional están adoptando medidas y asumiendo maneras distintas para proteger y garantizar la seguridad de sus comunicaciones, fuentes y otro tipo de información confidencial a partir de que se evidenciaran las prácticas que el gobierno norteamericano ha llevado a cabo en materia de comunicaciones y transacciones electrónicas.

Los 50 periodistas entrevistados, señalaron que las prácticas de interceptación han originado preocupaciones por su seguridad tanto en ellos como en sus fuentes. Estas prácticas gubernamentales no se restringen a medios de comunicación pequeños sino también a aquellos consolidados como The New York Times, Associated Pres, ABC y NPR.

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En el documento se señala que las intromisiones gubernamentales ha dañado el contacto entre funcionarios de inteligencia y medios de comunicación, además del incremento de los procesos penales contra quienes divulgan información confidencial.

También, con la implementación del Programa contra la Amenaza Interna (Insider Threat Program),  se ha obligado a los funcionarios federales a denunciar a sus pares cuando incurran en un comportamiento sospechoso que podría presumirse como una intención de filtrar la información.

Encriptación del lenguaje en sus investigaciones, utilización de teléfonos desechables, aislamiento de las redes sociales, así como la utilización de computadoras totalmente aisladas, forma parte de las nuevas prácticas que los periodistas están utilizando para mantener alejada las interceptaciones gubernamentales.

Esta situación de vigilancia tiene implicaciones directas en el acceso de la población a la información sobre el gobierno y sus actividades, así como en la capacidad de los medios de comunicación de vigilar las actuaciones del gobierno.

Para los abogados, esta intromisión ha afectado la comunicación con sus clientes, por el derecho de confidencialidad que éstos últimos tienen. Al depender del libre intercambio de información, los abogados se han visto restringidos en el contacto con sus defendidos.

Con este panorama de interceptación gubernamental, los periodistas y los abogados se sienten cada vez más presionados y acosados, respecto a sus profesiones y sus maneras de comunicación, lo que, en casos, logra incidir en el desempeño profesional.

El resultado de esta incertidumbre y acoso es la erosión del derecho al asesoramiento letrado, pilar de la justicia procesal, y, en el caso de los periodistas, ha mermado la posibilidad de investigar sobre las acciones del gobierno, logrando, con ello la desinformación de la población.

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