Ley de seguridad interior ¿militarizaría a México?

"La propuesta legislativa dejará a las fuerzas armadas por encima de los mecanismos civiles de rendición de cuentas", advierten organizaciones civiles

0 39

Los legisladores mexicanos se disponen a convertir en ley el papel de las fuerzas armadas en la guerra contra el narcotráfico, lo que ha desatado críticas que señalan que eso mantendrá a los soldados en las calles de manera indefinida y significará la suspensión de derechos civiles básicos.

Se prevé que la votación en la Cámara de Diputados de México suceda este mismo jueves, tras lo cual el debate pasaría al Senado con el objetivo de que la llamada Ley de Seguridad Interior sea avalada antes de que termine el actual periodo legislativo, el 15 de diciembre.

 

Los partidarios del paquete de seguridad interior dicen que esta ley establecería un marco legal para que las fuerzas armadas mexicanas continúen con su lucha contra el crimen organizado, declarada hace más de una década por el poder ejecutivo. El presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, han presionado para que se apruebe la medida.

Los diputados antes de iniciar sesiones.

“Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser solamente una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad”, dijo Peña Nieto el miércoles 29 de noviembre. “Confío en que el Congreso de la Unión atenderá con la urgencia que hoy se requiere esta importante iniciativa”.

Sin embargo, un conjunto de críticos, desde expertos constitucionalistas hasta organismos de defensa de derechos humanos dicen que la propuesta legislativa dejará a las fuerzas armadas por encima de los mecanismos civiles de rendición de cuentas y reducirá los incentivos para que las autoridades locales y estatales construyan organismos policiales efectivos.

“Esto es lo mismo que militarizar las actividades de la policía para el futuro cercano o quizá para siempre”, dijo Juan Francisco Torres Landa, abogado y secretario general de México Unido contra la Delincuencia. “La excepción ahora será la regla”.

 

El debate sobre la Ley de Seguridad Interior se da en momentos en que los homicidios en México han alcanzado los niveles más altos desde 2006, cuando comenzó la guerra contra el narcotráfico.

Aunque hay zonas del país donde la ausencia de la policía ante el control del crimen organizado sí ha requerido una presencia militar, los críticos de la ley señalan que la violencia es prueba de que el involucramiento de las fuerzas armadas no ha resultado en una mejora en términos de seguridad.

 

 

La Ley de Seguridad Interior ha avanzado a nivel legislativo mientras que medidas que reorganizarían a las fuerzas policiales municipales y estatales o le darían más autonomía a la futura Fiscalía General de la República ha languidecido en el congreso mexicano.

“La están apurando para complacer a las fuerzas armadas”, dijo Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Según Aguirre, el papel cada vez mayor del ejército y la marina en la guerra contra el narco ha resultado en una relajación del control civil. “A nosotros nos parece que el congreso y los partidos políticos se están subordinando a las fuerzas armadas”, dijo.

La Ley de Seguridad Interior ha sido promovida principalmente por el gobernante Partido Revolucionario Institucional, con el apoyo de algunos sectores del conservador Partido Acción Nacional.

“No hay intención de militarizar el país”, dijo la senadora Cristina Díaz Salazar, integrante del PRI y de la comisión de justicia del Senado. “Estas son acciones temporales, no permanentes”.

 

La legislación, según Díaz Salazar, ayudaría a definir las condiciones según las cuales podrían intervenir las fuerzas armadas en sitios donde hay riesgo a la seguridad y en que los gobernadores han solicitado el apoyo. Díaz Salazar añadió que con la medida se aseguraría el respeto a los derechos humanos.

“Lo importante es darle certeza a las fuerzas armadas”, dijo.

Militares por calles de Sinaloa. Foto: El Debate
Militares por calles de Sinaloa. Foto: El Debate

Sin embargo, quienes se oponen a la medida dicen que la ley está escrita de manera tan abarcadora que le da mucho margen a las autoridades para definir qué es una amenaza a la seguridad interior. Eso podría abrir la puerta a que las fuerzas armadas actúen contra grupos políticos en protestas, por ejemplo, si creen que representan una amenaza.

Aguirre afirmó que en aquellas áreas de México donde el ejército ha remplazado a la policía hay un estado de emergencia en la práctica y que se violan los derechos civiles. La ley, añadió, oficializaría la suspensión de derechos como el debido proceso y la presunción de inocencia sin que el gobierno tenga que declarar formalmente ese estado de emergencia.

El presidente puede convocar a las fuerzas armadas “cuando quiera y como quiera, con información que se mantiene clasificada sin controles ni rendición de cuentas”, aseguró Catalina Pérez Correa, profesora de Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en Ciudad de México.

“Básicamente, vuelve a la Constitución un pedazo de papel de baño. Es un golpe a la Constitución”.

 

El involucramiento del ejército en la guerra contra el narcotráfico ha llevado a un aumento en las denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos. Pese a reformas hechas en 2014 al código de justicia militar, las cuales prevén que los efectivos puedan ser investigados por cortes civiles en vez de tribunales militares, esas violaciones raramente son castigadas en la práctica.

Legisladores en una de sus sesiones. 

Un estudio publicado recientemente por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés) halló que de 505 averiguaciones abiertas por las autoridades civiles entre 2012 y 2014 solo hubo dieciséis condenas.

Torres Landa, de México Unido contra la Delincuencia, dijo que algunos de los otros casos podrían ser llevados ante tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las fuerzas armadas, aseguró, “están desesperadas por tener una base legal para lo que están haciendo y por qué lo están haciendo”.

 

También podría gustarte Más del autor

Comentarios

Loading...