Las grandes fallas del sistema de planeación sectorial en México

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Por Renata Ávila

 

En primer término los esquemas de planeación mexicana tienen fallas de origen muy claras y precisas que nunca se han atendido y que facilitan y permiten la corrupción en todos sus niveles. Estas fallas tienen que ver concretamente con los siguientes aspectos:

-La planeación sectorial se realiza en forma estrictamente vertical por cada sector, planteando sus propias metas, objetivos, programas, proyectos y acciones a partir exclusivamente del plan nacional de desarrollo.

Esto refleja una comportamiento que deja lagunas, vacíos y traslapes significativos en las acciones y la solución de problemáticas reales.

Cada funcionario es responsable en forma jerárquica por el cumplimiento del plan concreto del sector, desde los niveles operativos hasta los ejecutivos, sin tomar en cuenta en lo absoluto colaboraciones con otras secretarías de estado en el ámbito operativo.

Esto representa al final la sensación de aislamiento funcional entre los sectores, la falta de optimización de recursos humanos y materiales disponibles, y lo que es peor aún, el choque, la repetición de esfuerzos y recursos entre autoridades federales, estatales y municipales.

-La planeación sectorial en México tiene sistemas jerárquicos que ponderan más la actuación de los grandes funcionarios que la actuación de los verdaderos actores operativos de las medidas, que son en realidad las presidencias municipales. Estos últimos llegan inclusive a ser considerados funcionarios menores, sin posibilidades de intervención a nivel estatal, dado el carácter de mayor jerarquía de diputados, senadores, delegados.

Aunque se considera en el discurso oficial que los límites municipales y distritales son la división y el objetivo de la planeación regional oficial del estado, lo cierto es que operativamente no existen instrumentos ni mecanismos que estipulen funciones concretas con relación a un verdadero sistema de planeación.

-Otra falla estructural de la planeación sectorial mexicana es la carencia absoluta de planteamientos y seguimientos a largo plazo, que caracterizan en general los modelos de planeación sectorial y planeación regional en Europa y que en muchas ocasiones se traducen en experiencias acumuladas y sistemas de evaluación y seguimiento que permiten en realidad evaluar el grado de avance de los modelos y los planes de desarrollo y sancionar la actuación de los funcionarios.

Esto se traduce inclusive a los niveles operativos básicos en donde existe personal y funcionarios que tienen una larga trayectoria de experiencias concretas en la solución de problemas.

-Como contraparte, en México los cambios sexenales para los funcionarios de alto nivel y los cambios municipales de tres años, obstaculizan concretamente los esfuerzos por llevar a cabo políticas, proyectos y acciones concretas a mediano y largo plazo.

Es por demás nocivo e insano los actuales procesos de renovación de proyectos y acciones que cada nuevo funcionario lleva a cabo, sin evaluar los avances de las administraciones anteriores, lo que a la larga conlleva un constante inicio y reinicio de iniciativas y el desperdicio de recursos humanos y materiales.

Lo anterior se complementa con la ausencia absoluta de mecanismos, instrumentos y organismos de evaluación con relación a los logros, balances financieros y materiales de cada programa con relación al planteamiento de los objetivos y las metas del plan respectivo del que cada sector parte, además de las sanciones de las cámaras y de la opinión pública en general.

Por el contrario, el criterio que ha privado es el de no dejar claro ni tener la responsabilidad de los funcionarios, para presentar cuentas claras de los presupuestos ejercidos y el porcentaje de logro de cada programa, proyecto o acción emprendidos, sin enmascararlos en los informes oficiales.

En Estados Unidos, el propósito básico de las estrategias del New Deal, era el de capitalizar espacios y actividades económicas mediante sistemas de inversión pública y reorientación del capital privado, controlar los sectores básicos de la economía y proporcionar redes de infraestructura y sistemas de empleo que evitaran el éxodo masivo hacia las ciudades y la descapitalización del campo y de las actividades primarias.

Por lo mismo, el optimizar la infraestructura de un aparato burocrático federal, combinado con la de los niveles estatales fue una prioridad básica del estado y de una economía de estado, como forma de controlar permanentemente la información sobre necesidades y la asignación de presupuestos para resolverlas, para lo cual se aplican todos los recursos técnicos, metodológicos y científicos disponibles.

En México, la inversión tecnológica y científica en la infraestructura burocrática no ha sido una prioridad ni un atributo del aparato estatal, de tal manera que no posee los suficientes expertos, ni la información, ni el suficiente equipamiento técnico y científico para resolver en tiempo y forma las problemáticas más acuciantes, recurriendo así al contratismo y los esquemas de corrupción asociados a la información para la planeación.

En general, el esquema de la planeación sectorial mexicano se encuentra también sujeto a vicios de actitud que caracterizan más una postura política que una verdadera estrategia de desarrollo. De éstos, el más nocivo es el que se refiere a la postura paternalista que impregna el desarrollo de las actividades económicas y la organización de los sectores populares.

Si bien, al principio de las estrategias revolucionarias la tutela estatal significó una forma de conjuntar intereses para facilitar la estabilización de los sectores disconformes, se convirtió en una forma crónica de mediatizar y controlar políticamente esos mismos sectores en beneficio nuevamente de los grandes terratenientes agrícolas, ganaderos, comerciales, bancarios e industriales.

Es claro en ese sentido que la primera estrategia fue la creación del sistema de reparto agrario basado en el ejido, que visto a un nivel de gran profundidad representó un atraso absoluto en los esquemas de explotación comercial de la tierra, aislado del contexto financiero, comercial y regional, resultando al final un paliativo con fines exclusivamente de autosubsistencia y condicionamiento político.

Otro factor igualmente nocivo fue la orientación financiera del Estado y los vicios del capital bancario en México, que siempre ha utilizado hasta la fecha los montos de los préstamos internacionales para sostener el ritmo de la producción de los mismos sectores ya desarrollados, así como los rescates bancarios combinados con estos mismos, de manera tal que se desprecia al pequeño productor (en cualquier sector) y al pequeño ahorrador.

Estos y otros vicios de la planeación mexicana, evitan que el estado conozca y desarrolle regiones deprimidas y pobres, aun cuando éstas posean recursos potenciales en los que se podría invertir en beneficio de la población.

Por el contrario, el estado facilita y permite la penetración en áreas no desarrolladas cuando los proyectos proceden de grandes empresas turísticas o inmobiliarias, que van a desplazar y sustituir actividades de los sectores populares locales, desapareciendo todo vestigio de sus necesidades, luchas y requerimientos, exagerando los mecanismos de corrupción para adquirir las propiedades y aumentar su valor con las nuevas actividades (el caso más patético son las zonas de playa).

La exageración de las políticas sectoriales provoca un fenómeno típicamente latinoamericano que es el aislamiento de las actividades económicas y la imposibilidad de estratificarlas en un mismo espacio, de tal modo que al saturarse una actividad económica primaria por sobrepoblación, en lugar de crear agroindustrias, empresas de comercialización o sistemas conexos de actividades terciarias, como formas alternas de fijación de capital y de creación de empleos, la falta de desarrollo obliga exclusivamente a la emigración como solución y a la transformación constante de la población rural en población urbana

En suma, los intereses conjuntos de los políticos, banqueros, terratenientes y empresarios no valoran ni promueven las estrategias de una planeación regional integral, debido a prejuicios añejos de su ideología conservadora y aristocrática, salpicada de actitudes señoriales, sus ansias de polarización económica inmediata (herencia de la explotación agresiva española) y sus temores de perder estatus e importancia en su poder económico y político si se desarrollan otros sectores populares a los que por definición deben ver lejos de ellos y subordinados a ellos.

Si bien durante muchos años la existencia de un mercado interno de productos básicos e industrializados dependió de estos sectores, actualmente su orientación hacia la exportación ha debilitado los mercados internos, a los que destinan la distribución de sus desechos y de sus productos de baja calidad.

Muchos productos acaparados tradicionalmente por el estado como el maíz, se exportan y se importan productos idénticos de más baja calidad, en lugar de incentivar la producción interna, liberalizando y produciendo comercialmente a partir de los sectores populares, mediante una organización más dinámica y más estratificada de su producción y destinando una parte considerable del capital financiero nacional e internacional.

El empleo se ve como una consecuencia de la aplicación de las variables macroeconómicas y como producto de la inversión extranjera y no como una consigna social, de tal manera que no se hace absolutamente ningún esfuerzo por recuperar el poder adquisitivo del salario, perdido desde 1982.

Tampoco se hace un diagnóstico de la distribución real del empleo por regiones, ni se relaciona el desarrollo económico y los procesos de inversión y capitalización en áreas marginadas o poco desarrolladas, a partir de potencialidades y limitaciones naturales, sociales o económicas.

Estas y otras condiciones, características de los sistemas de planeación sectorial en México, impiden que las medidas sean efectivas en su conjunto y preserven intactos los intereses de los políticos, los terratenientes, los industriales y empresarios, los banqueros y grandes comerciantes, amén de la incorporación reciente de narcotraficantes y de toda su economía ilegal e informal, que ha permeado y se ha sostenido a través de los sectores populares a los que ayuda y protege, a la manera de un nuevo Chucho el Roto (de ahí la base de su éxito), dado que el Estado sigue siendo el enemigo tradicional, junto con los sectores poderosos.

Como consecuencia lógica de este esquema, la violencia social y la corrupción adquieren nuevas facetas, descendientes de los esquemas históricos de corrupción y contrabando del país a lo largo de la colonia y el período independiente.

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