La prueba de fuego para la justicia electoral mexicana

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Por David Monreal

Las pasadas elecciones del 4 de junio en Coahuila, Estado de México y Veracruz, no sólo exhibieron la ambición del PRI gobierno para retener el poder, y si para ello hay que usar recursos públicos, dinero de procedencia ilícita, coacción y compra del voto, campañas de odio y de mentira, manipulación de los medios de comunicación y hasta la intimidación a la población con comandos armados o con la propia fuerza pública, no dudarán en hacerlo.

Pero también quedó al descubierto la debilidad y vulnerabilidad de las instituciones administrativas en materia electoral, concretamente del Instituto Nacional Electoral (INE), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y de los Organismos Públicos Locales (OPLES), especialmente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), quienes permitieron una flagrante y sistemática violación a la normatividad electoral y, con ello, fueron reducidos a meros contadores de votos, por cierto muy malos, pues en el caso del IEEM fue evidente que en el recuento de los más de mil paquetes electorales, Morena recuperaba votos que por alguna extraña razón no se les estaban contando, al tiempo que el PRI perdía votos que sospechosamente tenía sin justificación algunos, situación que provocó reducir la ventaja entre Alfredo del Mazo y la profesora Delfina Gómez Álvarez en casi 1 punto, ¿Imagínense si se hubieran abierto y recontado los más de 18 mil paquetes?

Este triste y vergonzoso papel de las autoridades electorales agravia a la débil democracia mexicana y ofende a la ciudadanía, especialmente porque su desempeño contrasta con los enormes recursos con los que se les ha dotado para que hagan bien su trabajo. El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2017, da cuenta de ello:

– Al INE se le asignaron 15 mil 71 millones 176 mil 879 pesos. 

-A la FEPADE 160 millones 160 mil pesos. 

– Al IEEM 2 mil 133 millones 686 mil 595 pesos. 

Es evidente que si a estas instituciones se les asignara el presupuesto en función de sus resultados, terminarían por dejar de existir, por ineficaces. No sólo somos una de las democracias más caras del mundo, en esta elección cada voto costó aproximadamente 3 mil 100 pesos, sino que las instancias encargadas de dar respuesta y encausar la voluntad popular, lejos de ello están fomentando más división, malestar social e incertidumbre.

Procesalmente el papel del INE, FEPADE y OPLES, prácticamente terminó para dar paso a la jurisdicción de los Tribunales electorales. La prueba de fuego ahora es para la justicia electoral mexicana.

Lo deseable, el deber ser, es que los Tribunales electorales, los locales y el federal, actuarán como garantes de la voluntad popular y como defensores de los principios electorales que enarbola la Carta Magna del país y que fueron violentados por una clara y abierta elección de Estado.

Elementos para anular las elecciones locales hay de sobra, lo que falta es voluntad y convicción por la justicia. Basta decir que los 45 distritos electorales de la elección del 4 de junio fueron impugnados en su totalidad: Morena impugnó los 45 distritos, el PAN 29, el PRD 27, el PT 16 y el PRI 12. Además, en el Estado de México tanto Morena, como PAN y PRD, solicitaron la anulación de la elección para gobernador.

Sin embargo, lo real, el ser, es que difícilmente anularan las elecciones, no porque falten elementos para ello, al contario, éstos sobran, sino porque el sistema electoral mexicano está tan viciado y contaminado que difícilmente quienes están al frente de las instituciones encargadas de impartir justicia, difícilmente atentarían contra los intereses de sus patrones, de quienes los pusieron y encumbraron en el cargo. No hay que olvidar que hace tiempo lo advertí: rumbo al 2018 los nombramientos en los tribunales obedecen a la lógica perversa de “cuotas para los cuates”.

El PRI, PAN y PRD, bajo el sistema de alianzas con el que se conducen en el Congreso de la Unión, nombraron a sus alfiles para colocarlos en puestos claves del tablero electoral. Por esta razón, no es extraño que en días próximos veamos que los Tribunales electorales actúen como tribunal de consigna contra Morena y como Cortes de cortesanía política a favor del PRI gobierno y sus aliados. ¡Ese es el nivel de nivel de democracia que tenemos!

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