Grupo México impune a un año del derrame de metales pesados en Río Sonora; ahora busca petróleo mexicano

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A sólo dos días de que se cumpla el año del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacanuchi, ocasionado por la mina Buena Vista del Cobre, filial de Grupo México, no hay castigo para los responsables.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), presentó el 18 de agosto de 2014 una denuncia penal contra quien resulte responsable, de lo que se considera el peor desastre ambiental en la industria minera del País.

Por estos hechos, la sanción implicaría hasta nueve años de cárcel, pero hasta ahora la Procuraduría General de la República no ha ejercido ninguna acción penal.

De acuerdo con la Profepa, la averiguación previa se encuentra todavía en trámite en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE).

Cabe recordar que apenas el jueves pasado (30 de julo) Grupo México dijo el jueves que está buscando socios para participar en la segunda licitación de contratos de hidrocarburos de la Ronda Uno, parte de una histórica apertura del sector energético.

Para ese mismo jueves el Frente Unido contra Grupo México, conformado por mineros de la Sección 65 y pobladores del Río Sonora, informó que prepara movilizaciones contra Grupo México a pocos días del 6 de agosto, fecha en que se cumple un año del derrame de 40 millones de litros de metales tóxicos, que afectaron a los habitantes de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Baviácora, San Felipe de Jesús, Aconchi, Ures y Hermosillo.

“El triunfo no nos caerá del cielo, debemos luchar unidos”, dijo el secretario de la Sección 65 del Sindicato Minero Nacional a los pobladores del Río Sonora, en un mensaje, a ocho años de la huelga que mantienen con Grupo México, y a una semana (la semana pasada) de que se cumpla un año del derrame de tóxicos por Buenavista del Cobre.

Como parte de la indagatoria, se solicitó la coadyuvancia en la averiguación previa y se realizaron diversas reuniones con instituciones que fueron convocadas para el análisis de la información, como la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua, la Consejería Jurídica, entre otras, quienes determinarían su intervención de acuerdo con sus atribuciones.

La Profepa informó que también se ofrecieron pruebas documentales, dictámenes técnicos y periciales en materia de caracterización de sustancias y se realizaron observaciones técnicas y jurídicas al Ministerio Público para efecto de poder realizar el dictamen correspondiente.

Actualmente la PGR ya cuenta con todos los dictámenes del impacto ambiental ocasionado por el derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014, el cual afectó a 22 mil habitantes de Sonora y contaminó con metales pesados los cuerpos de agua de los ríos Sonora, Bacanuchi y el arroyo Tinajas, los cuales siguen causando estragos en los pobladores.

Por ello, especialistas como Juan Ricardo Juárez Palacios, presidente del Comité Técnico Asesor de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, y Ramón Ojeda Mestre, secretario de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, cuestionan la actuación del Gobierno federal en la reparación del daño.

“Van a cuenta gotas haciendo la reparación del daño ambiental y no es ni medianamente suficiente frente a la dimensión del problema.

“Yo sigo creyendo que es equivocado el arreglo que hicieron las autoridades porque debió haberse aplicado a fondo la Ley de Responsabilidad Ambiental antes de llegar a una negociación con la minera”, aseguró Juárez Palacios.

Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes, dijo que el caso del río Sonora evidencia la necesidad de modificar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para garantizar la reparación del daño en afectaciones que se manifiesten posteriores a 15 años, y para que la carga de la afectación no quede en manos de las comunidades sino de la empresa.

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