Gobierno de EPN ha gastado 80 millones de dólares en espiar a periodistas y activistas; “no he leído el artículo”, dice Videgaray

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Durante el gobierno de EPN, al menos tres agencias federales han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí, dedicada a investigar a periodistas y activistas anticorrupción.

Esto fue abordado en los trabajos previos a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y publicado a través de un artículo por The New York Times.

Ante esto, el canciller Luis Videgaray evitó hablar del asunto, pues dijo que no había leído todavía el artículo, y que serían las autoridades competentes las que responderían sobre el tema.

El programa conocido como Pegasus tiene en la mira a los abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, a dos de los periodistas más influyentes de México y a una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.

Incluso, el sistema de espionaje ha llegado hasta los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.

Este software es infiltrado en los diferentes aparatos electrónicos de una persona para monitorear cualquier detalle de su vida diaria: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. El micrófono y cámara del teléfono celular son también utilizados, por lo que el móvil se convierte en un micrófono oculto.

Según NSO Group, la empresa que fabrica el software, la herramienta es vendida exclusivamente a los gobiernos con la condición de que sea utilizada solamente para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas.

Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3 manifestó que ahora “somos los nuevos enemigos del Estado”, luego de que su iPhone y el de su esposa fueran blanco en varias ocasiones del programa espía. “La nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado” – afirmó.

Estos ciberataques manifiestan las luchas internas que tienen lugar en México y crean cuestionamientos legales y éticos sobre un Gobierno que enfrenta fuertes críticas ante sus antecedentes en temas de derechos humanos.

Según varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia y considerando que un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas, es muy poco probable que el Gobierno haya recibido la aprobación judicial que le permitiera hackear los teléfonos de los activistas y periodistas.

“Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían”. “¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?” – cuestionó Guerrero, exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, una de las agencias gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus.

“Por supuesto que no se puede justificar esa intervención” – agregó. “Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo”.

Carmen Aristegui fue una de las víctimas de este sistema. En su caso, un operador se hizo pasar por la Embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. También recibió un llamado de ayuda para encontrar a un menor desaparecido y otro que tenía una alerta por supuestos cargos desconocidos a su tarjeta de crédito.

Cuando estos mensajes no fueron suficiente para que le diera clic al hipervínculo y descargara el software de manera inadvertida, los siguientes fueron más estridentes; incluso recibió uno que decía que la iban a arrestar. Varios de los mensajes llegaron del mismo número telefónico, dando muestra de los descuidos del operador.

En marzo, los mensajes de texto también comenzaron a llegar al teléfono del hijo de 16 años de Aristegui, Emilio. “La única razón por la que irían tras mi hijo es para intentar encontrar algo en contra de mí, para causarme daño” – dijo Aristegui.

Por su parte, Pardinas, quien presentó un estudio sobre los costos políticos y económicos de la corrupción en México, en sus vacaciones navideñas, recibió el mensaje: “En la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío los datos del velatorio, espero puedas venir”. Venía con un enlace adjunto. Pardinas pensó que era raro que quien le envió un mensaje tan personal no estuviera entre los contactos de su teléfono. Se lo mostró a su esposa y decidió hacer caso omiso.

Llegaron más mensajes y, después de no tener éxito con él, los responsables lo intentaron con su esposa. El mensaje, que también parecía ser de Uno TV, decía que se habían filtrado videos que mostraban a Pardinas mientras tenía relaciones sexuales con una colega.

Luego de que la ley 3de3 fuera aprobada, el 1 de agosto recibió un mensaje. Este tenía una amenaza: “Oiga afuera de tu casa anda una camioneta con dos vatos armados, let tome fotos vealos y cuídese (sic)”.

Pardinas, quien estaba en su oficina cuando llegó el mensaje, se negó a caer una vez más. Pero llamó a su esposa para pedirle que se asomara por la ventana para ver si afuera había una camioneta estacionada. No había nada.

“Al final, mi esposa ya tenía un entrenamiento casi olímpico en este asunto del hackeo” – bromeó Pardinas.

A fines de abril de 2016, Mario Patrón acusaría al gobierno de negligencia e incompetencia, incluso de actividades ilícitas en el manejo del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Sonó su teléfono y vio la pantalla, le mostró el mensaje a su colega y dio clic a un enlace. Pero en vez de un artículo o un comunicado de prensa, el vínculo simplemente lo redirigió a una página en blanco. Confundido, dejó la reunión y se fue de prisa a su oficina para hacer llamadas e informarse de lo que planeaba el gobierno; y con eso cayó en la trampa.

Además de Patrón, otros dos abogados del grupo fueron atacados con el software: Santiago Aguirre, el abogado principal de las familias de los estudiantes desaparecidos, y Stephanie Brewer, una abogada estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007.

Aun con esto, no existen pruebas definitivas para señalar al gobierno como responsable, ya que Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso NSO Group afirma que no se puede determinar con exactitud quién está detrás de los intentos de hackeo.

Sin embargo, los ciberexpertos si pueden verificar en qué momento el software se ha utilizado en el teléfono de un objetivo, Lo cual minimiza las dudas sobre la participación del gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno.

Por su parte, NSO Group aseguró que antes de vender el software, investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos. Sin embargo, una vez que es otorgada la licencia y se instala el hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad, no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién están siendo usadas.

A partir de ahí, la compañía se encarga simplemente de cobrarle a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Según las propuestas de comercialización de NSO Group revisadas por The New York Times, para espiar a diez usuarios de iPhone, el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares.

A pesar de que se han presentado diversas evidencias que demuestran que sus herramientas se han utilizado en contra de ciudadanos comunes y sus familias, NSO Group no ha condenado ni ha reconocido que haya abuso de su software por parte del gobierno mexicano.

Ante tal contexto, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, Tirza Flores, representante de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresó su apoyo hacia los periodistas y defensores que han sido víctimas del espionaje por parte del Gobierno mexicano, y lanzó un llamado a otras organizaciones y a las autoridades para pronunciarse sobre este tema.

“Les pedimos a las y los representantes de los Estados aquí presentes que en el segmento de réplica pudieran pronunciarse sobre esta grave situación que afecta la defensa de los derechos humanos en México” – indicó.

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