Gobierno de EPN disminuye su retórica de guerra, pero aumenta letalidad contra civiles: ONG internacional

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El incremento del uso de las fuerzas militares para reforzar la seguridad en las fronteras o combatir a los cárteles de las drogas, aumenta los casos de violaciones graves a los derechos humanos, concluyeron los especialistas internacionales que participaron en la mesa de análisis “Los costos de la militarización en los derechos humanos en México”, convocado por la organización pacifista estadounidense Comité Coordinador de Paz de Amigos Americanos y la Organización No Gubernamental, Servicio de Asesoría para la Paz (Serapaz).

Durante el intercambio de experiencias,los especialistas reconocieron que en las cifras oficiales de personas desaparecidas en México y ejecutadas extra judicialmente no aparece la población migrante, lo que consideraron, refleja un intento de invisibilizar a este sector de las víctimas.

En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, el coordinador del Comité Coordinador de Paz de Amigos Americanos, John Lindsay-Poland, señala que las violaciones graves a los derechos humanos que se comenten en el contexto del combate a las drogas no se pueden ocultar debido a que son una consecuencia innegable de la política bilateral entre los Estados Unidos y el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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“No se puede tapar esto, no solamente la violencia del Estado en México, sino también la incoherencia de las políticas antidrogas, porque ahora en Estados Unidos tenemos varios estados que están legalizando la mariguana, con una lógica que no es una guerra contra una planta”, consideró.

John Lindsay-Poland también es un importante activista a favor de un mayor control y restricción de las armas en los Estados Unidos y sus flujo a países tercermundistas, sus estudios al respecto sirvieron de base al influyente diario The Washington Post para revelar en junio de 2015, que Enrique Peña Nieto ha invertido, desde su llegada al poder, 3 mil 500 millones de dólares en armamento, es decir, en tres años gastó más del doble de los que dispendió Felipe Calderón en la adquisición de armamento al país vecino.

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“Es importante decir que además del Estado, las soluciones a la violencia tienen que venir de otros actores principales que ahora están promoviendo la violación de derechos humanos de migrantes y mexicanos en ambos lados de la frontera. Hay empresas que venden legal e ilegalmente armas al gobierno de México porque están aprovechando esta política de combate a los migrantes y a los cárteles.

“Nos preocupa las violaciones del Estado no sólo en casos como Ayotzinapa y Tlatlaya, sino el nivel de homicidios promovido por esa militarización, Peña Nieto está mandando el mensaje equivocado, que a través de las armas se solucionan los problemas, pero no, debe ser por medio del diálogo y la impartición de justicia”, opinó Lindsay-Poland.

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El analista también consideró que cuando se habla de la Iniciativa Mérida se piensa en la cooperación de Estados Unidos con México pero ahora cada vez más, México es quien compra las armas, “México está pagando por esa militarización de su seguridad interna”, concluyó John Lindsay.

Más letalidad

Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo durante su participación en la mesa de análisis que pesar que la administración de Enrique Peña Nieto mediáticamente no tiene una narrativa bélica como la tuvo Felipe Calderón, el índice de letalidad en contra de civiles durante la actuación de las fuerzas armadas es mayor: del 2006 al 2014 los elementos del Ejército y la Marina Armada participaron en 3 mil 500 enfrentamientos en los cuales murieron 4 mil civiles.

“De estos datos se desprende que el índice de letalidad entre 2007-2014, fue de 7.9, es decir 7.9 muertos por cada militar herido y alcanzando su mayor cifra  durante el 2014 cuando se llegó a 11.6 personas muertas por cada militar herido, lo anterior de acuerdo a las cifras del documento ‘Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad’ publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM)”, argumentó para Revolución TRESPUNTOCERO.

En este contexto, Olga Guzmán insistió en señalar que la retórica del gobierno de Peña Nieto desdeña lo que está pasando en México en materia de violaciones graves a los derechos humanos.

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“A pesar que cada vez hay más organismos internaciones que diagnostican una grave crisis de derechos humanos en el país, las autoridades mexicanas se niegan a reconocer ese panorama y a implementar medidas adecuadas para prevenir, sancionar y reparar el daño a las víctimas de estas violaciones.

“El panorama no es sencillo, lo que particularmente nos preocupa es que el gobierno federal ante estas cifras: 9 mil quejas por tortura ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mil 700 fueron cometidas por militares, a pesar de estas cifras la retórica de negación del Estado dice: el Ejército mexicano es de ofensiva no de defensiva, es un Ejército que salva vidas y que tiene gran arraigo entre la sociedad. Todo esto es infundado”, precisó Olga Guzmán.

La activista recordó que recientemente se fortaleció desde la Cámara de Diputados esta situación porque se alineó el Código de Justicia Penal Militar con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y “crearon un Código Militar de Procedimientos Penales en donde se le dan más atribuciones al Ejército”, puntualizó.

Finalmente los participantes a la mesa de análisis concluyeron que es necesario revertir la tendencia actual de la Secretaría de la Defensa Nacional la cual en 2014 recibió un presupuesto de 65 mil millones de pesos de los cuales sólo canalizó a la Dirección General de Derechos Humanos 131 millones de pesos, es decir, el 0.2% del total de su presupuesto.

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