Redacción
Un tribunal federal de Estados Unidos suspendió la orden de una corte de primera instancia que había frenado la expulsión de familias migrantes con niños en la frontera con México sin que ejercieran su derecho a pedir asilo, bajo la aplicación de una orden destinada a proteger la salud pública vinculada con la pandemia de coronavirus.
El gobierno de Donald Trump impuso el año pasado la norma conocida como Título 42, que permite expulsar a los migrantes que llegan a la frontera, considerándolos una amenaza a la salud pública en medio de la pandemia de la Covid-19.
El instrumento, que mantiene y defiende el gobierno de Joe Biden, ha sido criticado por defensores de los derechos de los migrantes y expertos sanitarios que argumentan que no hay razones de salud para justificarla y sostienen que además aumenta los riesgos para los migrantes deportados.
Un juez de Washington DC bloqueó el proceso de expulsiones a mediados de septiembre, si bien el tribunal dio al Gobierno catorce días para prepararse antes de que la medida entrara en vigor, límite que expiró este jueves.
El juez federal Emmet Sullivan había considerado ilegal expulsar a las familias sin permitirles pedir asilo, ya que por “la amplia disponibilidad de exámenes, vacunas y otras medidas para minimizar (la pandemia)” el tribunal no creía que el contagio de la Covid-19, durante el trámite en la frontera, “no pueda mitigarse de manera significativa”.
En respuesta esta decisión judicial, el Departamento de Justicia presentó una apelación y advirtió de un posible aumento del número de migrantes en la frontera con México en caso de que las expulsiones no pudieran continuar. Desde la aplicación de la orden han sido expulsados más de 950 mil migrantes.
Así, el Gobierno estadounidense podrá continuar con las expulsiones mientras el caso avanza en los tribunales, ante la “decepción” de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), como recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.
“Es un paso inicial en el proceso de apelaciones. Nada impide a la Administración (del presidente, Joe Biden) revocar inmediatamente esta horrible política de la era Trump”, valoró Lee Gelernt, principal abogado de la ACLU en el caso.
El pasado 11 de agosto, el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y otras cuatro agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mostraron su preocupación por las implicaciones que conlleva la aplicación del Título 42.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones de Naciones Unidas señalaron que “esta nueva medida, lejos de terminar con estas restricciones, sitúa a las personas migrantes y solicitantes de asilo en una situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de ver violado su derecho a la no devolución, entre otros”.
“Estas personas son expulsadas desde Estados Unidos, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, y sin tener acceso al sistema de asilo en dicho país, encontrándose en un limbo jurídico en la frontera norte de México”, mencionaron.
Con información de Aristegui Noticias
