Después de sufrir tortura y pasar 6 años en prisión injustamente, jóvenes son amenazados y hostigados por ministeriales

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En las imágenes se observa a dos hombres arrodillados y esposados, con vendas en la cabeza, las cuales han sido cubiertas con cinta adhesiva.

La incomodidad de ambas personas, quienes mueven la cabeza constantemente, indica que han hecho mucha presión a la hora de colocar la cinta adhesiva. En el video expuesto aparece a cuadro también un hombre que les pregunta qué negocios han extorsionado y si conocen a un tal “Irving”, ambos niegan saber quién es.

Parecen exhaustos y no hablan bien, están fatigados. El interrogatorio sigue, y es ahí cuando las víctimas se quejan de haber recibido golpes y de no poder resistir más.

En enero de 2012 en Ciudad Juárez, José Manuel Amador Cháirez y José Alfredo Castañeda, fueron detenidos de manera violenta y llevados presos, acusados de extorsión. Como es frecuente en este tipo de acciones, los agentes ministeriales los presentaron ante medios de comunicaciones como delincuentes dedicados a extorsionar.

En el video de aproximadamente 45 minutos, que se presentó como prueba de tortura, en contra de Cháirez y Castañeda, se observa como el Ministerio Público Miguel Ángel Luna López, es quien realiza el interrogatorio y a quien también se le ve ejerciendo tortura sobre ambos detenidos.

Sobre Luna López, hoy pesa la acusación por parte de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez A. C., de abuso de autoridad y tortura, además de ser denunciado por fabricar culpables en los años 2012, 2013 y 2014, cuando era el coordinador de la unidad especializada en el combate al delito de extorsión.

José Manuel Amador Cháirez y José Alfredo Castañeda, salieron libres en mayo pasado tras demostrarse su inocencia y el haberse convertido en víctimas de tortura, teniendo entre otras pruebas que lo avalaron el Protocolo de Estambul.

Sin embargo, tuvieron que pasar seis años para alcanzar la libertad, en medio de una serie de inconsistencias que frenaba la solución de su caso. Como las declaraciones falsas que fueron obligados a brindar tras los hechos de tortura a cargo de agentes ministeriales.

Cabe señalar que para demostrar la inocencia de dos de los sentenciados a prisión vitalicia, familiares presentaron un video, donde se observa claramente que el ex fiscal Luna López encabezó las torturas a los dos hombres, a quienes tenían con la cabeza vendada.

En tanto, el fin de semana pasado, integrantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) sostuvieron una serie de reuniones con la titular de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación para revisar las carpetas de investigación en lo relativo a presuntos actos de tortura perpetrados por funcionarios públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lo anterior, luego de que el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, girara la orden de remitir a la unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación los casos en los que agentes de la Fiscalía fueran señalados como responsables de actos indebidos.

“Entre estos casos se encuentra el de Miguel Ángel Luna López, agente del MP señalado por interrogar a dos presuntos extorsionadores con métodos de tortura”, señala el Centro del Paso Norte.

En la grabación, de una hora con veinte minutos, se aprecia cómo los hoy sentenciados —identificados como José Manuel y José Alfredo, son interrogados por Miguel Ángel Luna mientras permanecen de rodillas con los ojos vendados.

El video fue filmado en 2012, cuando el agente del Ministerio Público figuraba como titular de la Unidad Antiextorsiones de la Zone Norte. Poco después de la publicación del video, el CDHPN, en conjunto con la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, hicieron una denuncia pública en contra de Luna López y de los policías ministeriales que presuntamente ejercieron tortura contra los entonces acusados.

El CDHPN condenó los actos de los agentes, en tanto que señaló que “la impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y agravamiento”, y que “para combatirla, es necesario garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral, incluyendo la revocación de sentencias o la desestimación de acusaciones auto-incriminatorias obtenidas por tortura”.

Sobre el caso de los jóvenes torturados, el Director y fundador del Centro de Derechos Humanos del Paso Norte, el sacerdote Oscar Enríquez Pérez, declara a Revolución TRESPUNTOCERO, que el caso de los tres hermanos torturados y un joven más, ha tenido dificultades aun cuando ellos ya están en libertad.

Lo anterior porque durante este proceso, las víctimas y familiares de ellas, han recibido amenazas e intimidaciones. “Se pueden observar trocas de los ministeriales en el trabajo de ellos, o hacen rondas afuera de la casa, los persiguen”, explica.

Todo esto ha sido denunciando, “y creemos que de la manera como se han ido dando las reuniones con la Fiscalía, se le va empezar a dar al acaso mayor seguimiento de acuerdo a la ley.

Porque la ley dice que cuando se investigan casos de tortura, el juez tiene la obligación de pedir al ministerio que averigüe exhaustivamente si hubo no tortura y al dar positivo el protocolo de Estambul se demostró que los jóvenes fueron víctimas de este delito, por lo que ellos decidieron ejercer acción penal; además que queda el reto de la reparación del daño integral de todo lo que implicó la tortura en los años de prisión”, indica Oscar Enríquez Pérez.

A su vez menciona que tanto en Juárez como en todo el país, la tortura es sistemática y generalizada; es una práctica muy estructural dentro del medio de los agentes de seguridad, llámese Fuerzas Armadas, policía Federal, Marina, policía estatal o municipal.

Es muy común que recurran a la tortura y sobretodo por falta de investigaciones profundas, serias, además es un método de castigo para autoinculpar y conseguir declaraciones falsas y así presentar culpables.

“Tuvimos un caso en donde también pasó lo mismo, los jóvenes fueron torturados y detenidos aquí en Juárez, torturados en la Siedo, torturados en los ceferesos federales y finalmente fueron declarados libres e inocentes.

Este tipo de prácticas en el contexto de confrontaciones por la supuesta guerra contra narcotráfico y además la colusión de las autoridades con el crimen organizado, tienden a generalizar ese tipo de prácticas una experiencia que tenemos desde los casos que llevamos nosotros”, declara el Director del Centro.

A su vez, señala que existe un evidente encubrimiento interno “muy fuerte y como son los mismos los que perpetran la tortura como los que investigan, se encubren entre ellos mismos, por eso, este tipo de casos nos cuesta mucho dar un paso más adelante; esperamos que en el caso de los jóvenes se ejerza acción penal y no se vuelva encubrir y darle largas a la sentencia”, puntualiza.

Los integrantes del CDHPN realizarán mesas de trabajo con la titular de la Fiscalía Especializada para vigilar e informar sobre los avances en las investigaciones correspondientes al actuar de los presuntos agentes torturadores.

Además, la campaña “En Ciudad Juárez No + Tortura”, impulsada por el CDHPN, exige “justicia y verdad”, así como la no repetición de actos de tortura o tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes.

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