Corrupción e Impunidad; conclusión del caso “Paso Express”

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La corrupción en la función pública ha llegado a tal grado que ya no sólo nos cuesta el 10% del Producto Interno Bruto cada año, ni la legitimidad y la confianza en el gobierno, que ha caído drásticamente durante el mandato de Peña Nieto.

El pasado 12 de julio, un socavón en la ampliación Paso Express en Cuernavaca, cobró la vida de un padre y su hijo, cuando transitaban por este tramo inaugurado con bombo y platillo por el Presidente de la República, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza (amigo de Peña Nieto desde su gobierno en el Estado de México) y el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez.

Es de resaltar que la muerte de las dos víctimas fue por asfixia, sin que protección civil, que acudió al lugar sin el equipo de rescate necesario, pudiera salvarlos. Despúes de sucedida la tragedia, rescatistas de la Cruz Roja Mexicana informaron que protección civil y la Policía Federal les impidieron iniciar las labores de rescate por tiroleza, por lo que se intentó anclar el vehículo sepultado a una grúa, intento que fracasó y, lamentablemente, un segundo derrumbe terminó de enterrar el vehículo.

No es necesario decir que la sociedad morelence y la sociedad mexicana en su conjunto, resentimos esta pérdida como la consecuencia de una enorme irresponsabilidad por parte del gobierno federal, estatal y de las empresas que realizaron la óbra. Aldesa y Epcor fueron las empresas encargadas de realizar la ampliación, empresas que en Perú y España son investigadas por corrupción y falsificación de documentos. No obstante, el Gobierno Federal de Peña Nieto y su secretario Ruiz Esparza, las eligieron para construir la torre de contro del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Ayer (22 de agosto), compareció Ruíz Esparza en el Senado de la República, hoy (23 de agosto) hizo lo propio el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez. El primero se lavó las manos y señaló la responsabilidad del gobernador; el segundo responsabilizó al secretario y a las empresas amigas del gobierno federal. ¡Se echan la bolita!

Es claro que existe colusión, complicidad y corrupción en el gobierno federal en cuanto a esta obra se refiere: la obra costó mil cien millones de pesos más de lo presupuestado en un inicio, algo muy común en esta secretaría. Aún así, impera la rampante impunidad, ya característica con el PRI gobierno.

Ahora corresponde a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Procuraduría General de la República, llevar a los involucrados ante la justicia y hacerlos pagar por los delitos e ilícitos de los que resulten responsables. Situación que se ve muy difícil, pues Peña Nieto se conduce bajo la máxima de: “a mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos la ley a secas”.

La sociedad Mexicana ya no soporta tanta impunidad, tanta omisión y tanta complicidad entre los poderes públicos. Este caso será una muestra de la veracidad o falsedad de su supuesto compromiso con la verdad y la justicia.

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