Carta de Amalia García a Miguel Alonso en 2010. El ayer, siempre vigente

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Lic. Miguel Alonso Reyes

Gobernador del Estado de Zacatecas

Ante los infundios realizados el día de ayer por el Contralor Interno de su Gobierno, es indispensable señalar que se trata de un claro afán de linchamiento político por la  manipulación tendenciosa con que se presentó la información. En una flagrante violación de las garantías constitucionales de todas y cada una de las personas aludidas directa o indirectamente, su Gobierno acusa sin haber notificado a nadie la existencia de un procedimiento en su contra; sin la posibilidad de una defensa, y se presentan supuestas conclusiones sin siquiera haber iniciado formalmente los emplazamientos.

Hay una clara violación a los procedimientos formales de una auditoría también, y se falta a la ética al dar a conocer  –y con interpretaciones dolosas-, juicios sumarios sin haber concluido el procedimiento. Se utiliza el poder del Gobierno de Zacatecas contra personas que hoy son ciudadanos y que sólo tienen la defensa que otorga el estado de derecho.

Usted, como colaborador de mi gobierno y después como diputado local, conoció el compromiso del gabinete que yo encabecé con la rendición de cuentas y con la transparencia, conoció de las auditorías e incluso votó a favor de las cuentas públicas y del contenido de los presupuestos.

La ofensiva que han emprendido Usted y su Gobierno carece de sustento, y está motivada por causas políticas. A esas imputaciones hemos decidido yo y quienes fueron mis colaboradores, darles una respuesta puntual, pues queda claro que junto a la mala fe, hay una gran incapacidad para revisar con profesionalismo la información que se aportó en la entrega-recepción de la administración:

1.- Respecto al crédito por trescientos millones de pesos con Banamex, mi Gobierno solventó una tercera parte; niego categóricamente que la contratación haya sido ilegal. La ley de deuda autoriza a contratar créditos de corto plazo -tal y como ya lo está haciendo su Gobierno- sin requerir la autorización del Congreso del Estado. El deterioro de las calificaciones crediticias y la generación de intereses moratorios se dieron ya en su administración, como resultado de la incapacidad para atender las obligaciones financieras del estado.

2.- De las ampliaciones presupuestales aprobadas durante mi Gobierno, dos terceras partes corresponden a “ampliaciones automáticas”, previstas en la ley, y un tercio más es resultado de la intensa gestión que realizamos.

3.- Respecto de los préstamos a deudores diversos a los que hace referencia su Contralor,  se trata de una cifra que comprende varios sexenios. Todas las administraciones han recurrido a este mecanismo, como Usted mismo lo está haciendo ya.  La de mi gobierno fue una decisión responsable al autorizar los 90.8 millones para educación; los 58.9 a municipios de todas las tendencias partidarias; los 48.5 a la Universidad Autónoma de Zacatecas; los 34 millones en estímulos fiscales a ciudadanos para el pago de tenencia;  los créditos al organismo operador de agua potable, al Fondo Plata para la entrega de créditos a la población, y a Servicios de Salud entre otros.

4.- En relación a los señalamientos en cuanto a que la Oficialía Mayor realizó compras de bienes y servicios por 1,254 millones, veo incapacidad en su gobierno para entender algo elemental: de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, esa es una función sustantiva de dicha dependencia. En lo que se refiere a las adjudicaciones directas, ustedes deberían saber que de acuerdo a los montos y circunstancias, la ley establece las condiciones para licitar o adjudicar.

5.- Respecto de los procedimientos de la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, con toda contundencia señalo que no sólo contribuimos con esas instancias, sino que mi Gobierno promovió reformas a la Constitución General de la República para ampliar la rendición de cuentas.

 Una sugerencia muy respetuosa a su equipo de gobierno es que revisen el estado que guardan los procesos de estas dos instancias federales respecto a la aplicación de recursos públicos. Las observaciones son una práctica cotidiana y permanente para obtener el total de la documentación y el soporte sobre la aplicación de esos recursos. En el caso de la Secretaría de la Función Pública por ejemplo, en los casos a los que ustedes han hecho mención, durante mi Gobierno se aportaron ya los documentos para  la solventación, e incluso, en PROSAPYS y APAZU, la Contraloría Interna de mi administración sancionó a los responsables.

 Por último, no voy a caer en la provocación de abonar a un escándalo mediático cuyo objetivo es la confrontación y la división política en la entidad. Me niego a ser un instrumento para desviar la atención de los ciudadanos del país y de Zacatecas, sobre otros temas importantes para el Estado relacionados con la creciente inseguridad y la falta de atención a las necesidades de la gente, que son las prioridades de todo gobierno.

Amalia García Medina

México, Distrito Federal, 24 de noviembre de 2010.

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